Hacia una democracia emancipadora:

el proyecto de la nueva ciudadanía latinoamericana1

 

Zulay C. Díaz Montiel

 

1. Introducción

La democracia emancipadora debe convertirse en un proyecto de participación política liderizado por la ciudadanía latinoamericana a través de los movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales que permitan re-construir la emancipación sociopolítica más allá de los Estados-Nación. Es la alternativa a tener en cuenta ante la globalización neoliberal, que bien puede entenderse como una hermenéutica crítica-emancipatoria; instrumento y proceso que permite develar la realidad social excluyente, desigual e injusta y por ende discriminatoria que desconoce la pluralidad ciudadana y la participación e igualdad ante los derechos humanos. Determinar en qué medida esta alternativa puede ser producida de abajo –poder ciudadano- hacia arriba –poder del Estado- y cuáles pueden ser sus posibilidades y límites, implica una reflexión teórico-práctica capaz de producir la deslegitimación de la racionalidad hegemónica del proyecto socio-político de la modernidad. En la actualidad, tratar de dar respuestas a los grandes problemas sociales que agobian al subcontinente latinoamericano hace imperativo la creación de UN nuevo discurso teórico-práctico desde modelos alternativos de participación ciudadana.

 

Las sociedades latinoamericanas pueden ser definidas por un rico pluralismo social y cultural que es el resultado –ancestral- de sus diferentes concepciones del mundo. En su diversidad histórica hemos visto surgir vínculos interculturales que forman un plexo donde han echado raíces las nuevas caracterizaciones de la organización política. Más allá de las transformaciones socio-políticas que hicieron nacer nuestros Estados-nación, se erigen economías de enclave cuya función de sostenimiento del llamado capitalismo del primer mundo, en su momento, se constituyeron en verdaderos límites para el desarrollo económico, político y social latinoamericano.

 

La historia reciente está generando grandes cambios en la relación del capitalismo de la periferia con el capitalismo de los centros hegemónicos, pues, los ascensos a la dirección política del Estado por parte de actores sociales emergentes y de tradiciones pre-occidentales, le han impregnado al activismo político otros protagonismos que están dejando en la distancia los modelos neoliberales de la sociedad y su progreso.

 

Cierto es que la lógica de explotación del capital extranjero en Latinoamérica, ha tenido y tiene características muy particulares en cada región. Sin embargo, eso no nos exime de expresar que la dominación capitalista de la cual es objeto Latinoamérica, nos ha estigmatizado como pueblos sin capacidad de desarrollo, sumisos ante relaciones de poder que minimizan y dejan mucho que desear en cuanto a su condición de pueblos soberanos.

Ante la globalización neoliberal que concentra sus esfuerzos en la periferia para la obtención de ganancias especulativas, observamos el fortalecimiento de un primer mundo que vive a costa y en detrimento de la exclusión productiva de países periféricos como los que conforman América Latina2. Lo especulativo de estos capitales globalizados, hace posible que las grandes trasnacionales ya sin patria y sin tener que rendir cuentas a nadie –ni a ciudadanos, ni al Estado mismo- se conviertan en el detonador de una situación económica que sigue sin asegurarnos un proyecto sociológico de vida colectiva, que nos integre por medio de la emancipación sociopolítica.

 

Observamos, entonces, que las serias disfuncionalidades que se perciben en el capitalismo del primer mundo sólo asegura el reciclaje a escala de capitales improductivos, produciendo en los denominados países tercermundistas una progresiva exclusión que termina significando una pérdida de derechos adquiridos, esto es, una pérdida de ciudadanía3. El mundo, en general, se halla en una coyuntura histórica donde la fragmentación organizativa ha alcanzado su máximo nivel.

 

Ante esta realidad, ¿qué posibilidades existen para crear una ciudadanía emancipada latinoamericana? ¿Se podría comenzar a hablar de la mundialización de la ciudadanía para trascender al igual que lo ha hecho el capital las fronteras de los Estados-nación, enfrentando con ello la arremetida del capital globalizado?

 

Son muchas las interrogantes que lejos de suscitar respuestas siguen un repertorio mayor de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál debe ser el sentido social con el que se asume el proyecto de la democracia emancipadora? y ¿qué tiene que ver esta democracia con la reivindicación del rol político ciudadano?

 

A lo que aspiramos es a entender que a través de la razón práctica y por medio del lenguaje, los seres humanos poseemos la facultad deliberativa para resolver problemas concretos. En este caso, como capacidad intersubjetiva, esta razón práctica funciona como un principio de justificación normativa que hace posible considerar sin coacción instrumental alguna, la elección de la norma a seguir para resolver situaciones en conflicto, donde todos los involucrados intervienen para formar un criterio con sentido colectivo que apunte más allá de la formación de un juicio individual, condicionándolo en términos intersubjetivos, y considerar así, las posibles alternativas de acción.

 

Acciones y decisiones, deberán corresponderse y sobrepasar los límites de una formación individual de la voluntad, para que esto sea posible.

 

2. El rol hegemónico de la democracia de Estado en el mundo occidental

 

El mundo occidental conoció su primer registro de concepciones democráticas -como modelo de relación entre los ciudadanos y sus respectivos gobiernos-, con la civilización griega4. La participación activa de ciudadanos en las decisiones públicas y el voto como proceso de elección para que la voz del demos fuese representada, fue uno de los elementos constitutivos de esos registros como forma de gobierno democrático.

 

Atenas, fue la gran ciudad antigua donde la participación ciudadana en las decisiones de la polis conformó el más representativo nivel de intervención del demos jamás visto hasta entonces. El modelo ideal y utópico de la polis griega supuso la primera interpretación compartida de un orden político entre la ciudad y el Estado, donde los ciudadanos, orientaron su voluntad hacia el interés colectivo como interés de todos.

 

Aristóteles al considerar al hombre un animal político -zoón politikón- distinto del resto de los animales por su logos (razón o lenguaje), define la importancia de la convivencia pública, asegurando que la ciudad y el Estado, es decir, la comunidad política, es el telos de la humanidad. Para él, actuar para el bien común era la mejor forma de actuar para el propio bien, para la felicidad5.

 

Más tarde, la historia del mundo occidental ha de olvidar el modelo democrático participativo de los griegos con el nacimiento de la res pública romana. Ya para el siglo XVI el Estado nace como un órgano de poder impersonal e independiente de gobernantes y gobernados y la comunidad de ciudadanos se hace mucho más distantes a medida que se transforma en un cuerpo representativo hasta constituirse el Estado moderno como idea de “soberanía”6.

 

Este Estado resultó en aras de acabar con el Estado de “guerra de todos contra todos” en la Europa Medieval. A partir de este momento, fue menester de la modernidad comenzar a interpretar cómo poder vivir en paz sin consideraciones religiosas y metafísicas compartidas. El Estado moderno nace así, aparentemente, como depositario de la soberanía del pueblo.

 

Desde el Estado moderno se ha instituido un concepto de democracia que partió de la creación de sociedades que comenzaron a comprender el mundo desde un “subjetivismo ético”, cuyo punto de partida es la igualdad de cada individuo ante la ley. Podríamos decir, en términos empiristas, que la comprensión moderna de la libertad significó entonces, que la validez de las normas era un asunto de aceptación por parte de cada sujeto desde su criterio particular.

 

Instaurado en el Estado moderno el poder político, éste desde entonces hasta hoy, ha hecho uso de ese poder político-administrativo restándole capacidad de creación a una civitas, que tal como se había planteado -como el verdadero poder soberano-, tendría que legitimarlo. Desde entonces, la filosofía política ha tenido en sus manos el gran tema: ¿Cómo frenar el poder del Estado? ¿Cómo legitimar su poder? Es célebre la frase de Kant para anunciar la “paradoja del poder>”.

 

Es así, como el Estado asume un rol hegemónico en la conducción de la sociedad civil, esa fuerza, que según Márquez-Fernández, es represiva de las libertades públicas y lo que predomina regularmente es una dirección de fuerza sobre la voluntad general del colectivo social que permite controlar a la ciudadanía a través de la coacción7.

 

3. Latinoamérica: ¿democracia sin destino?

 

Las deficiencias de la historia democrática reciente que hemos podido constatar en Latinoamérica, nos ha conducido a producir resultados moralmente inaceptables. Por un lado, la representación de los intereses del “pueblo” por parte de los gobiernos presidencialistas de la región; y por otro lado, la asunción de la direccionalidad del proceso político por parte de los medios de comunicación masiva, entre otros, le han restado valor práctico-moral a las democracias, porque ha sido muy distorsionada esa representatividad para poder acercarse a resolver las reales necesidades de los ciudadanos.

 

Aunado a esto, la apatía política ciudadana para asumir su rol, causada entre otros factores, por una sobrecarga de demandas populares sobre un sistema administrativo exageradamente burocratizado que no las puede satisfacer y como consecuencia las limita, abre más, la brecha entre las desigualdades sociales por falta de participación8. No habrá salida posible a través de decisiones parcializadas para solucionar problemas que nos atañe a todos.

 

En Latinoamérica, el entramado institucional creado por gobiernos viciados por la corrupción, la impunidad y la componenda, no ha hecho posible la instauración de la justicia social, de ahí que los pilares institucionales sean inviables para una “política de todos y para todos”9. Ante este vacío de mediación efectiva entre Estado y sociedad, Robinson Salazar asegura, que se hace urgente un nuevo proyecto de reforma del Estado que tome en cuenta los reclamos de las ciudadanías emergentes.

 

Es de hacer notar de acuerdo al diagnóstico anterior, que el entramado de relaciones entre Estado y sociedad, está puesto en tela de juicio por parte de quienes ya no creen en las mediaciones de gobiernos que no asumen su poder de posición para dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos que aspiran a un nuevo orden social capaz de generar esas respuestas con verdadera justicia social.

 

La vía para tales aspiraciones se está manifestando de “abajo hacia arriba”, en una ciudadanía que pregunta por sus derechos desconociendo la intermediación partidista para dar salida a las disputas planteadas, emancipándose a través de las luchas populares y razonando el conflicto desde la instauración de un espacio público donde se recrean formas de cooperación a través del diálogo.

 

En Latinoamérica, a falta de sistemas democráticos capaces de responder a las expectativas del debate público planteado por una ciudadanía que comienza a reclamar por su participación política, nos preguntamos: ¿Cómo pasar de una democracia representativa a una democracia deliberativa y plural?

 

Nos incorporamos a la modernidad desde una experiencia histórica que no ha sido, ni es, nuestra historia vivencial. En nuestra condición de colonizados, nos hemos afiliado a un mundo moderno desarrollado, que hasta hoy, sólo responde a los intereses del progreso tecno-científico que sirve a su propio bienestar, fungiendo Latinoamérica, dentro de ese conjunto, como parte de un sistema cuya función y participación, no ha sido creación reflexiva de lo que queremos ser y hacer desde nuestras propias particularidades.

 

El debate se hace urgente, cuando de lo que se trata es de reinventar la política para sustentar una democracia deliberativa y plural que abra la posibilidad de tener sociedades más universales y abiertas. Hay crisis de legitimidad de las instituciones políticas y vivimos en sociedades cada día más violentas, injustas y desiguales. Incivilidad y violencia, corroen el tejido social al tiempo que promueven la emergencia de una cultura cívica de participación y responsabilidad10.

 

Hasta ahora, la condición de pueblos tercermundista la hemos considerado parte de una creación externa a nosotros y como un obrar de la naturaleza que hemos aceptado sin más, no entendiendo aún que el proceso puede ser revertido desde nuestra propia condición original y plural.

 

Hay que comenzar a darle sentido a un momento histórico que busca salidas en la transformación del orden socio-político. Comenzar por el debate que busque gobernabilidad democrática en la transición de una esfera pública anclada en las instituciones políticas formales, hacia una esfera pública organizada desde un paradigma intersubjetivo y dialógico, debe ser una tarea política que fortalezca la deliberación ciudadana.

 

Analizar las posibilidades de transformación social señalando los campos sociales que cuentan con mayores expectativas para la multiplicidad y diversidad de los enfrentamientos entre saberes y prácticas hegemónicas y saberes y prácticas alternativas, son experiencias que se están concretando para Latinoamérica, destacando experiencias de reconocimiento y de democracia, así como, de comunicación e información.

 

Una democracia más legítima desde un punto de vista moral, podría producir un sistema socio-político más justo; y para lograrlo, los ciudadanos debemos comenzar a tener una participación permanente en la acción política. Ese proceder práctico, intersubjetivo, directo y reflexivo, será el modo de fortalecer el proceso democrático y a través de éste, atacar la miseria y toda profunda desigualdad humana.

 

Se trata de experiencias que ya es posible visualizar en el enfrentamiento a la discriminación a través de los derechos colectivos instituidos por la actuación política ciudadana y su participación cada vez más constante en las decisiones donde se procuran satisfacer intereses generalizables. Y por otro lado, en la proliferación de medios de comunicación alternativos que comienzan a hacer posible la institucionalización de una opinión pública fidedigna de los intereses ciudadanos.

 

¿Es posible construir una Latinoamérica capaz de actuar políticamente integrada para evitar las desigualdades sociales, la injusticia y la deshumanización, en la que permanece sumida? La idea de autodeterminación de una comunidad democrática que conecte democracia y justicia buscando reivindicar los derechos socio-políticos ciudadanos, podría comenzar a integrarnos desde la igualdad de derechos para todos.

 

Lo importante de todo esto es entender que la praxis socio-política tiene su inteligibilidad en la traducción de formas de organización que se materializan en transformaciones y cambios del orden social desde el espacio y discurso público, posibles, desde la participación ciudadana. Dar sentido a ese nuevo orden desde la teoría y la praxis, implica, crear las condiciones de justicia social para emanciparnos de prácticas y saberes hegemónicos que sólo nos han conducido a invalidar nuestro “ser humano” como condición de pluralidad.

 

Debemos aprender a vivir respetando las diferencias de los otros como latinoamericanos. Empero, pasar de la política del poder de Estado a una comunidad de ciudadanos latinoamericanos, requiere de la construcción de reglas y procedimientos de actuación civil, más allá de las fronteras de los Estados, más allá de nuestras diferencias.

 

Ser directamente miembro de una asociación de ciudadanos que esté más allá de las fronteras de los Estados nacionales, sería una defensa para los ciudadanos frente a las arbitrariedades de su propio gobierno.11 Se trata entonces, de desmontar las democracias sometidas al poder administrativo del Estado. La competencia entre partidos y la dominación de la mayoría, no pueden seguir siendo las únicas particularidades del sentido de lo que hasta ahora hemos denominado democracia. La democracia de masas instaurada, no puede seguir siendo continuación de esquemas estilizados desde el primer mundo.

 

No obstante, a pesar que nadie puede negar que la democracia sea el único sistema legítimo para gobernar una sociedad, hay que comenzar a entender, que por sí mismo, un régimen democrático carece de legitimidad. Insistimos, entonces: ¿cuál democracia hace posible como sistema político una relación entre Estado y ciudadanos capaces de impedir los abusos de los gobiernos de turno?

 

En Latinoamérica la legitimidad subjetiva planteada por la modernidad, sólo ha servido como estabilizadora de la conciencia social para impedir el regreso de gobiernos impuestos por la fuerza y no por el voto. Lo que se ha tratado de lograr es la legitimidad de la actuación del Estado, aun cuando éste, ni siquiera consiga satisfacer medianamente las demandas sociales. Los medios democráticos hasta ahora utilizados, no han sido capaces de modelar instituciones donde lo que “es” sea lo que “debe ser”.

 

Al insistir en esto, comenzamos a asociar que una democracia como sistema para orientar un orden social, no podría estar desconectada de la justificación moral de cada una de sus instituciones12. Las prácticas democráticas deben crear instituciones que se encuentren orientadas hacia un cierto fin o valor considerado por el interés de todos para dilucidar acerca de los elementos esenciales que le dan valor.

 

Una democracia genuina no debe intentar separar la política del discurso moral como episteme que la sustenta racionalmente. Por el contrario, el valor de la democracia se halla en la moralización de las preferencias intersubjetivas. La democracia vista como un proceso de aprendizaje para aprender el discurso práctico-moral, tiene sus fundamentos epistemológicos en la función de comunicación del lenguaje; se trata de coordinar desde la imparcial igualdad de condiciones, los pro y los contra de las decisiones colectivas a partir de argumentos que se esgrimen con el fin de llegar a un consenso que satisfaga un interés generalizable.

 

4. La intersubjetividad de la democracia emancipatoria: para una ciudadanía latinoamericana.

 

El entendimiento del sentido compartido de lo social, puede, por medio del diálogo intersubjetivo, constituir una sociedad que tenga conciencia de formar una unidad con el otro. Ese proceso de creación de conciencia colectiva, podría operacionalizarse desde un proyecto político que contemple el diálogo intersubjetivo como proceso racional que subyace en la propia práctica cotidiana de relaciones simétricas entre sujetos, haciéndose posible constituir sociedades más humanas y justas.

 

De tal manera, el discurso moral tiene una forma particular de emprender esta tarea. Como discurso práctico, ha de apelar a la justicia del sentido al tener que involucrar los intereses de todos para regular nuestra convivencia desde lo que se tiene que hacer para superar la pobreza, la inequidad distributiva y la falta de solidaridad y compromiso, entre otros.

 

Los preceptos moral-discursivos que funden dicho proceso, estarán dados por la propia fuerza del sentido intersubjetivo que da la capacidad de abrirse a la consideración de los fines de otros, para lograr la integración social construida desde la voluntad general. Para ello, tenemos que hacernos autónomos como pueblos soberanos y desde la propia condición de una voluntad libre, asegurar formas y prácticas civiles de comunicación que instituyan nuestra voluntad colectiva desde una nueva institucionalidad social.

 

Una democracia deliberativa, considerada como una forma procedimental de la praxis argumentativa que involucre al Estado y a la ciudadanía, estaría planteando de facto un punto de vista moral a partir del cual se puede interpretar y dar soluciones a los problemas sociales de manera más ecuánime e imparcial. Esa manera imparcial, puede surgir de las estructuras intersubjetivas de la función de comunicación del lenguaje, como racionalidad del lenguaje mismo; es decir, las posibilidades de entendernos, necesariamente, si queremos actuar racionalmente y desde un punto de vista moral, se inscriben en el diálogo y la confrontación argumentativa.

En este sentido, el diálogo intersubjetivo como proceso racional, puede hacer posible la construcción de nuevos mecanismos sociales que configuren los fines más justos, a través de medios colectivamente consensuados por medio del ejercicio de la argumentación, para un nuevo proyecto de vida social.

 

Esta reformulación de la democracia considerada intersubjetivamente y desde la argumentación dialógica o discursiva, está supeditada al involucramiento de los actores afectados. En este caso, somos los ciudadanos los que a través de relaciones intersubjetivas podemos lograr sociedades normadas para obrar de acuerdo al interés general.

 

En la comprensión de puntos de vista plurales, se exige una ley moral consensuada, social y democráticamente, para modificar las actitudes que hasta ahora han apoyado un proyecto de vida individual, y pasar así, a lo plural y diverso como incondicional no absoluto, porque es bueno también para cada quien en particular actuar de ese modo y generar con ello un proyecto de vida más humano que nos sirva a todos.

 

Lograrlo, es emprender prácticas civiles guiadas por ciudadanos comprometidos moralmente, que nos lleven a institucionalizar las condiciones de formación colectiva de la voluntad común. Hacer caminos para consolidar una sociedad moderna más solidaria, sostenida por los juicios morales de sus ciudadanos, es construir una democracia que nos emancipe del sentido social objetivado impuesto por los intereses de una clase dominante.

 

No podemos seguir valorando nuestros fracasos con nuestros modos aislados y particularizados de ver el mundo. Debemos ir más allá, y comenzar a insistir en los valores de justicia y equidad que sólo el discurso moral puede construir con la confrontación entre los intereses personales y los colectivos, haciendo valer las propuestas de cambio, como el punto de vista de todos los involucrados en las consecuencias de las decisiones que toman los gobiernos en representación del pueblo.

 

Comprendernos como destinatarios de normas obligantes, es entender que sólo se puede ser democrático en contextos intersubjetivos cuando el pueblo es el garante de la legitimidad de las praxis del poder político. Por lo que sólo en un sistema socio-político, democrático y deliberativo, podremos emanciparnos; reivindicando el rol político del ciudadano como participante en un discurso público, se dialoga para hablar en nombre de un “nosotros”.

 

La justicia social puede institucionalizarse por medio de democracias deliberativas a través de la participación ciudadana. De ahí, que no cabe concebir hablar de ciudadanía en función de la pertenencia a grupos y especificidades de raza o color alguno. Tal como lo plantea Kymlicka, la ciudadanía debería ser un foro donde la gente superase sus diferencias y pensase en el bien común de todos los ciudadanos13. La transformación de la estructura socio-política instaurada por el Estado moderno, dependerá en mucho de la capacidad de sus ciudadanos de reinventar la democracia.

 

Los ciudadanos deben instituir nuevos valores políticos para reinventar la democracia como espacio público de deliberación que proporcione las bases de una nueva integración social y ordene un nuevo sentido social. Es a través del diálogo que se pueden cambiar los intereses de las personas y la democracia como proceso de aprendizaje público, puede ser la forma más racional para convertir intereses particulares y auto interesados, en preferencias imparciales.

 

La brecha que se abre cada vez más, entre Estado y sociedad, nos hace preguntarnos: ¿dónde está realmente el valor de una democracia deliberativa al constituirse en una alternativa para la participación ciudadana? No es fácil sumergidos en un mundo político sostenido desde el positivismo empírico, concebir una respuesta. Sin embargo, cuando nos involucramos directamente todos los que estamos afectados, las decisiones que pueden acercarse más a soluciones justas, serán aquellas en las que autónomamente participemos en su diseño con voluntad y sentido colectivo.

 

Buscar alcanzar un consenso con acciones dirigidas al entendimiento, para alcanzar, al mismo tiempo, soluciones justas a las desigualdades que conllevan a una existencia infrahumana, puede comenzar a ser un camino a construir para paliar la imposibilidad que hemos tenido de construir un mundo más justo desde nuestras prácticas políticas.

 

Más participación directa por parte de los ciudadanos, menos apatía, más comunicación colectiva producida de “abajo hacia arriba” y mejor calidad del debate público, son razones que esgrime Carlos Santiago Nino, para que mejore el valor epistémico del discurso práctico-moral y democrático, rindiendo los beneficios esperados para todos. En todo caso, a través de la moralidad pública e intersubjetiva podemos evaluar los efectos ocasionados por los problemas que nos afectan a todos, buscando soluciones colectivas.

 

Los ciudadanos debemos comenzar a reflexionar acerca de cómo crear la discusión pública, comenzando con propuestas a los gobiernos de turno para encauzar a través de verdaderas soluciones, la resolución de los problemas colectivos. Desde la razón moral como razón política y bajo un perfil epistémico interpretado en términos comunicativos, se pueden comenzar procesos de diálogo y discernimiento argumentativo que nos conduzcan a fortalecer el proceso democrático.

 

La democracia emancipadora vista desde la actuación política ciudadana destaca como principio fundamental la autonomía de los pueblos sostenida por sistemas democráticos de deliberación pública de los asuntos colectivos. Con un proyecto de justicia social se pueden enfrentar, la exclusión y la desigualdad, haciendo posibles nuevas creaciones históricas que nos emancipen.

 

Y para ello, la auto-representación de quienes haciendo uso de su poder originario salen a la calle a reclamar por sus derechos, sin un líder que direccione el cómo lograr sus metas, cada vez se hace más evidente; pareciera que desde América Latina se comienza a configurar un cambio radical de relacionalidad entre la sociedad civil y la sociedad política, donde los esquemas políticos establecidos por los poderes hegemónicos, están siendo derrumbados por la asunción del poder originario del ciudadano sin mediación alguna.

 

En América Latina, se está haciendo imprescindible comenzar a darle forma y contenido a un proyecto político que construya ciudadanos emancipados y emancipadores, que según palabras de Robinson Salazar, deberían comenzar a asumir con mayor responsabilidad mecanismos verdaderamente democráticos que le permitan orientar acciones colectivas, sin esperar que renazca el Estado benefactor para guiar sus acciones políticas14.

 

5. Consideraciones finales

 

Institucionalizar eficazmente el discurso público y racional de los ciudadanos, implica que los discursos morales se encaucen a través de los discursos de deliberación política y de esta manera puedan, posteriormente, llegar a ser reforzados con validez jurídica.

 

Es decir, será la aceptabilidad racional que inspiren las cuestiones de justicia las que pueden decidir desde una perspectiva moral, lo que es de interés por igual para todos.15 Y en este devenir, el relacionar afirmaciones normativas con la intersubjetividad como modo de basar las pretensiones de validez de las discusiones públicas, es lo que se hace significativo en términos epistemológicos para explicar la objetividad que tienen las convicciones morales del uso público de la razón para construir una ciudadanía latinoamericana.

 

Desde este razonamiento, se puede asumir la praxis argumentativa pública para crear opinión y voluntad de hacer, de transformar. Además, con ciudadanos autónomos creadores de sus condiciones sociopolíticas, que proceden a enfrentar situaciones en conflicto desde el uso público de la razón y bajo procedimientos democráticos, se puede aspirar a concretar mecanismos de legitimidad que sólo los ciudadanos están en condiciones de hacerlo.

 

Este proceder formularía un principio democrático que devendrá en mejoras que coadyuvarán en formas de mejor vida para todos. Si la libertad individual y el desarrollo tecnológico han facilitado nuevas formas de acción política y social, con muchas más razones la libertad intersubjetiva que busca la igualdad socio-política, podrá fortalecer los principios democráticos que deben operar en un proceso constante de invención de las nuevas sociedades a través de la re-invención de sus instituciones.

 

La democracia es participación ciudadana en el debate público de los asuntos socio-políticos para fortalecer la voluntad del pueblo, es diálogo y justificación para actuar de acuerdo con lo consensuado. En este sentido, como sistema de gobierno con intervención directa de los ciudadanos no acepta representación alguna, pero si aspira a que quien gobierne sea el delegado que responda ante los ciudadanos a

 

cerca de la distribución y organización administrativa de los recursos necesarios, para producir bienes y servicios públicos que satisfagan las necesidades del colectivo.

 

Instaurar una democracia deliberativa y plural que nos pueda emancipar de los esquemas modernos de actuación política del Estado, pasa por entender la necesidad de expresar sin retaliación alguna lo que significa: “soberanía del pueblo”. A los efectos, el pueblo, como base social de los espacios públicos autónomos se deberá distinguir como un poder que distinto al poder económico burgués y al poder administrativo del Estado, logra la integración social, la solidaridad, como medio para formalizar la voluntad política ciudadana.

 

 

1 Este artículo forma parte del proyecto de investigación No. 2, intitulado: Justicia Emancipadora: Ciudadanía y Racionalidad Política, adscrito al programa de investigación: INTERCULTURALIDAD Y RAZÓN EPISTÉMICA EN AMERICA LATINA, inserto en la línea de investigación: Estudios Epistemológicos y Metodológicos de las Ciencias Sociales del Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos (CESA), Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia y cofinanciado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, (Condes), LUZ, bajo el nº CH-1067-2008.

2Dierckxsens, W (1998). Los límites de un capitalismo sin ciudadanía. Costa Rica. DEI. p. 21.

3 Ibidem.

4 Cfr. Medina, I (2005). “Democracia y participación ciudadana: la herencia de la cultura política griega”, in: SALAZAR, Robinson & Lenguita, Paula (Comp.) (2005). Democracia emancipatoria. Argentina. Librosenred.com, p. 10. “Si la palabra demos expresaba el conjunto de personas que viven en comunidad ligados por intereses colectivos que se expresaban en instituciones aceptadas por todos, entonces cuando se inventa la palabra compuesta demos y kratos (fuerza, poder) a través de la expresión democracia, lo que tenemos es el deseo de una forma de gobierno de una comunidad en donde la participación de los ciudadanos es la clave fundamental del funcionamiento de la polis (el espacio donde vive la comunidad).”

5 Camps, V (2001). Introducción a la filosofía política. España, Crítica, pp. 15-21.

6 Habermas, J (2001). Más allá del Estado nacional. Traducción e introducción de Manuel Jiménez Redondo. España, Trotta. p. 24. “Poder soberano es aquel que se acredita por su capacidad de imponer la paz por vía de imponer el derecho que él mismo pone, haciendo abstracción del enfrentamiento entre visiones últimas del mundo, es decir, colocándose también por encima de unas visiones del mundo que, enfrentadas, condujeron al tipo de guerra civil de la que el Estado soberano es la salida.”

7 Márquez-Fernández, Á (2007). “De la revolución política a la democracia de los derechos ciudadanos en el presente actual de Venezuela.” V Seminario Internazionale “Diritti umani e umanità del diritto”. Università degli Studi di Nápoli Federico II, 10-11 Maggio, Nápoli, Italia. Ponencia presentada en la Universidad Federico II, Nápoles, Italia. Inédito. p. 2. “Para formar, entonces, las nuevas ciudadanías se requiere de un Estado fortalecido legal y legítimamente, cuya génesis sea la voluntad popular. Reconstruir la trama social de las relaciones que desarrolla la ciudadanía en razón de un pleno ejercicio de sus derechos, supone garantizar un espacio donde el ejercicio de la política sea de todos y para todos.”

8 Nino, C (1997). La constitución de la democracia deliberativa. España, Gedisa, pp. 214-215. “Mi posición es que las causas y las soluciones de la crisis de la democracia no pueden ser detectadas sin una concepción acerca de qué es lo que hace a la democracia valiosa. De otro modo podríamos terminar fortaleciendo algo que atente contra su valor. La apatía política en sectores significativos de la ciudadanía es lamentable en una democracia dado que los intereses y las opiniones relevantes no serán considerados. El incremento en el grado de participación política no debería sobrecargar el sistema con demandas insaciables sino que debería poder dar a la gente un sentido de responsabilidad al hacer explícitas sus preocupaciones”. (…) “L a participación atenúa el abismo que existe entre el gobierno y la sociedad, que se siente incluso en democracias que funcionan relativamente bien y que hace al gobierno parecer ajeno y distante”.

9 Salazar, R (2005). “Ciudadanías emancipada y emancipatoria, in: Salazar, P. Robinson & Lenguita, Paula (Comp.). (2005). Democracia emancipatoria. Argentina. Librosenred.com. p. 53. “Las relaciones Estado y sociedad están obstruidas y distanciadas, la vida política no usa o utiliza los canales tradicionales (partidos políticos, sindicatos u otras formas de representación política), se decide por tomar las calles, asumir la autorepresentación y ejercitar la democracia plebiscitaria.”

10 Henrique, CF (2007). La democracia en el centro de la agenda”, in: Sor, B & Darcy de Oliveira, M (2007). Sociedad civil y democracia en América Latina: Crisis y reinvención de la política. Brasil. Ediciones Centro Edelstein, p. 8. Sin embargo, “Los ciudadanos son, hoy, más informados y activos. Tienen múltiples intereses e identidades. No se conforman con el papel de activos y oyentes, espectadores y electores. Piensan cada vez más por su propia cabeza.”

11 Cfr. Habermas, J (2004). Tiempo de transiciones. España, Trotta.

12 Nino, C (1997). Op. cit. pp. 23-24. (…) “ver a la democracia como un concepto normativo no debería conducirnos hacia el otro extremo, el del utopismo. Esta perspectiva no sólo resultaría en la búsqueda de lo imposible, sino que caracterizaría a los componentes fácticos de las prácticas sociales actuales como si todas ellas tuvieran un valor democrático equivalente”. El autor refiere que: (,,) “imperfectas como son, las prácticas sociales de las democracias actuales se encuentran más cerca del estado democrático ideal que los sistemas que no tienen ningún rasgo democrático. Por otro lado, no es una utopía en sentido negativo proponerse un ideal que, aunque quizá nunca se alcance en la realidad, pueda sin embargo distinguir una gradación de situaciones reales o posibles que logren ubicarse de acuerdo con su proximidad o lejanía respecto de aquel ideal”.

13 Kymlicka, W (2002). Ciudadanía multicultural. España, Paidós, p. 241.

14 Salazar, R (2005). “Ciudadanías emancipada y emancipatoria”, in: Salazar, P. Robinson & Lenguita, Paula. (Comp.). (2005). Op. cit., p. 54.

15 Habermas, J & Rawls, J (2000). Debate sobre el liberalismo político. España, Paidós, p. 63.